El 28 de septiembre del 2002, en una reunión en Bulgaria, los activistas de organizaciones de la sociedad civil establecieron esta fecha para conmemorar anualmente los desafíos, las estrategias y los mecanismos para la defensa y difusión de este derecho, el cual implica poder solicitar y recibir información, administrada o en poder de las instituciones públicas.
El acceso a la información ha sido establecido formalmente en distintos instrumentos internacionales como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de DDHH, conocida como el Pacto de San José.
En Guatemala, también fue reconocido mediante los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República, que establece la obligación del Estado de permitir el libre acceso a la información pública. Esto representa un gran avance para este país, pues tiene la oportunidad de continuar «despertando» de ese letargo que ha causado el colapso de los distintos sistemas nacionales.
Con información de oas.org
